Bogotá, Febrero 11 de 2010
Parto de resaltar que en los últimos gobiernos (Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos) se viene consolidando y profundizando la política neoliberal con los planes de gobierno Hacia un estado comunitario y el de la prosperidad democrática. Hay una continuidad en los programas de gobierno lesionando los intereses y aspiraciones mas sentidos de amplios sectores populares.
Uribe y hoy Santos, han estado al servicio de las grandes multinacionales, mandatos y designios de los organismos financieros capitalistas internacionales que hace más dependiente a Colombia del imperialismo y de la elite política que representa los intereses de la burguesía y los dueños del capital en el país, que por muchos años han dirigido a sus antojos los destinos de la nación.
De otro lado en medio de la crisis económica que sacude desde hace muchos meses al sistema capitalista sin que sus principales dirigentes e instituciones logren encontrar la salida, como el pasado 30 de enero lo demostró la cita de Davos. Situación a la cual en Colombia se le agrega los desastrosos efectos de la crisis climática generada por la depredación imperialista del medio ambiente que con el “Fenómeno de La Niña” castiga a Colombia y tiene semidestruida su economía con el incremento del desempleo, la falta de alimentos y averiada la infraestructura con graves efectos en la salud pública y el bienestar de muchos millones de colombianos. El gobierno acentúa las salidas sobre los hombros de los trabajadores y del pueblo en general y no cambia su rumbo y norte económico.
El país atraviesa por una grave crisis económica como consecuencia de las políticas neoliberales. Crisis que se expresa en el crecimiento de la deuda externa e interna, una insostenible economía de guerra diseñada en nombre de “la seguridad democrática”, mayor desindustrialización, la contracción del PIB, la caída de las exportaciones, el abultado déficit fiscal, el aumento del desempleo, la informalidad y pobreza que según dato oficial supera los 26 millones de pobres e indigentes.
La crisis global financiera y económica ha ampliado negativamente las desigualdades de que ya eran víctimas los países dependientes y a su interior incrementa la brecha entre los dueños del poder y los sectores sociales y populares de cada país.
Acompaña a esta crisis, el saqueo por parte de las multinacionales de nuestros recursos naturales, el detrimento del trabajo nacional, la criminal destrucción del medio ambiente y la pérdida de la soberanía alimentaria y nacional.
La crisis humanitaria sigue siendo extremadamente grave: cuatro millones de desplazados, las persecuciones hacia la oposición y el movimiento social se sigue recrudeciendo en medio de la más absoluta impunidad. Ahora se agrega el drama de los damnificados por las inundaciones que no tuvieron ni tienen ningún tratamiento preventivo por parte de Uribe y de Santos.
Todo lo anterior, ha estimulado la lucha social e incrementado las luchas al interior de los gremios económicos y las fuerzas políticas que representan al capital generando una crisis política que trata de sortear el gobierno de Santos con la llamada “unidad nacional” y con fichas como la Vice presidencia del ex izquierdista y ex sindicalista Angelino Garzón.
El pasado 7 de agosto del 2010, se generan cambios en estilo de gobierno con la toma de posesión del continuista Santos luego de la noche oscura de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en donde las consecuencias fueron funestas para sectores populares y los trabajadores colombianos.
Durante los últimos 20 años ha arreciado la aplicación de políticas y reformas regresivas al ordenamiento constitucional y legal que recortan drásticamente los derechos antes mencionados y junto a los hechos de violencia han cobrado tal número de vidas que a Colombia se le considera el país más peligroso para ejercer la actividad sindical y política de oposición.
Hay un “nuevo” gobierno el cual desarrolla la maniobra del “acuerdo de unidad nacional” que es beneficiosa y efectiva para los sectores capitalistas que ayudarán a enfrentar la crisis económica que no se detiene favoreciéndose del gobierno, los grandes monopolios y por supuesto la gran oligarquía.
Por otro lado, tenemos que reconocer y resaltar nuestra contribución a los procesos de unidad y de lucha que desde el campo social y popular se viene dando en el país como consecuencia de la respuesta e inconformidad que han generado la aplicación de toda la política neoliberal, antidemocrática y antipopular del régimen y de los gobierno liderados por los partidos políticos tradicionales. Procesos de lucha liderados por el movimiento sindical, por los indígenas, campesinos, viviendistas, pensionados, transportadores, desplazados de la violencia y los damnificados por el desastre ambiental, organizaciones políticas de democráticas, progresistas y de izquierda son acumulados políticos que tenemos que saber valorar, canalizar y ayudar a fortalecer y avanzar en la vía de fortalecer ese movimiento de oposición al régimen y a los gobiernos que por varias décadas se desarrolla en nuestro país.
Tenemos que resaltar –sin dejar de observar la falta de cohesión y vínculo con las luchas populares- el papel de los parlamentarios del PDA en la lucha contra la corrupción, el desarrollo del paramilitarismo y la antidemocracia. Las propuestas y alternativas que presentan frente a proyectos de ley retardatarios y regresivos como los contemplados en la actual propuesta legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos.
Debemos de solidarizarnos no solo moral, sino con la presencia en el respaldo a las luchas que libran los trabajadores y sectores sociales y populares tales como los petroleros, los trabajadores de Cerrejón, los empleados estatales, los maestros, los pensionados, campesinos, indígenas, desplazados, los transportadores, estudiantes, organizaciones de jóvenes, mujeres e intelectuales del país. Apoyo que debe conllevar a la vinculación de convocatorias de un plan de acción que trabaje en dirección a tareas que unifiquen agendas y compromisos de movilización social y política.
SALIDAS:
1.- Seguir construyendo y fortaleciendo el movimiento de oposición al régimen y al gobierno. Crecer y avanzar con su ligazón a las acciones de los sectores populares, respondiendo a sus necesidades y generando acciones directas a partir de propuestas de soluciones. En esa dirección respaldaremos todas las acciones de lucha opositora al régimen y al gobierno de las organizaciones sociales del país, prepararemos y realizaremos nuestros eventos democráticos internos y propiciaremos la unidad con organizaciones y sectores políticos del campo democrático, progresista y de izquierda del orden nacional e internacional, convencido que solo si somos una opción democrática y ligada al pueblo seremos fuertes y actuantes capaces de lograr propósitos y metas políticas.
2.- Vincularnos de manera práctica y activa a los esfuerzos serios de construcción de unidad popular partiendo de respetar y relacionarse con todos los procesos unitarios y de lucha que hoy existen. Seguiremos trabajando por la solución política al conflicto armado y social existente el país. A derrotar la pretensión de firmas de tratados que atentan contra la soberanía nacional, la seguridad alimentaria y el bienestar económico, social y político de nuestro pueblo.
3.- Desarrollar una política internacional propia que nos ayude fortalecernos y hacer presencia en este escenario, apoyando y trabajando junto a movimientos y partidos políticos que coinciden con nuestros postulados políticos y están dispuestos a mantener y confrontar toda dominación y discriminación capitalista.
4.- Frente a la crisis que vive el país como consecuencias de los daños del fenómeno de “La Niña” y la crisis ambiental que ha sumido a distintas regiones del país en la mayor pobreza por cuanto se han perdido medios de producción como las tierras, fincas ganaderas y la infraestructura de vivienda y el saneamiento básico que con todas las limitaciones de bienestar tenían los moradores de las regiones inundadas unas y otras desaparecidas por los deslizamientos de tierras y la proliferación de enfermedades que deterioraron la escasa salud de los atropellados con la inclemente naturaleza. Proponemos que el gobierno y el Congreso de la República deben adoptar medidas más allá del simple espíritu humanitario y solidario, tales como: que en el presupuesto de la nación para el 2011 el rubro destinado para el pago de la deuda externa se elimine como efecto de la suspensión inmediata de los pagos y se invierta este dinero en la solución que demanda la actual población de damnificados de todo el país, de igual manera se ajuste el Plan de Desarrollo de la nación con decisiones políticas y financieras que orienten los recursos económicos de la nación para resolver las reubicaciones de poblaciones, la situación en que quedaron las instituciones educativas ocupadas por los damnificados e invertir en planes, programas y proyectos que le resuelvan a los damnificados y regiones sus condiciones dignas de vida. Que se suspendan las inversiones para el desarrollo de la guerra que se impulsan a través de la política de seguridad democrática, se condonen las deudas de los damnificados con las entidades crediticias estatales y privadas. Colombia debe solicitar la condonación de la deuda a las instituciones financieras internacionales y nacionales ligadas a las internacionales y romper con el libreto del FMI que impide hacer uso de los casi 30 mil millones de dólares de las reservas internacionales. Debe cesar todo endeudamiento del país con la banca mundial.
5.-Colocar la movilización social y política como herramienta fundamental para confrontar la política del actual gobierno, haciendo el esfuerzo de unificarlas para contrarrestar la dispersión y luchas aisladas.
ODC.